Otro fallo a favor del Gobierno por la reforma laboral: apartaron a la Justicia del Trabajo de la causa
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de la reforma laboral deberá tramitar en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo. La decisión representa un nuevo fallo favorable para el Gobierno de Javier Milei en uno de los ejes centrales de su programa de reforma
El pronunciamiento fue firmado por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, quienes confirmaron la competencia del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n.º 12. Ese tribunal había aceptado la inhibitoria promovida por el Estado Nacional y ordenó que allí continúe la discusión sobre la validez de la norma cuestionada por la central obrera.
El conflicto se originó cuando el Estado solicitó que el expediente dejara de tramitar ante el fuero laboral y pasara al ámbito contencioso administrativo federal. La presentación fue impulsada por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello. Aunque la jueza federal interviniente había aceptado el planteo, el magistrado laboral lo rechazó, generando un conflicto de competencia que finalmente resolvió la Cámara.
En su fallo, el tribunal respaldó la postura oficial al considerar que el caso no se limita a cuestiones laborales comunes, sino que involucra materias federales relevantes. Entre ellas, mencionó la potestad del Congreso para asignar competencias judiciales, la organización de los tribunales y diversos aspectos vinculados al funcionamiento del Estado.
La resolución también se suma a otro fallo favorable obtenido recientemente por la Casa Rosada en la disputa por la vigencia de la reforma laboral, en un expediente en el que intervino el Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques.
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento estuvo dirigido al accionar del juez laboral que intervenía en la causa. Los camaristas señalaron que no podía apartarse del procedimiento legal previsto ni remitir por su cuenta las actuaciones a la Cámara Nacional del Trabajo. Según indicaron, esa decisión configuró un “procedimiento deformado” que generó un conflicto innecesario y afectó la celeridad que requiere un expediente de trascendencia institucional.
Asimismo, la Cámara ratificó uno de los argumentos centrales del Gobierno: las leyes que modifican la jurisdicción y competencia judicial son de orden público y se aplican de manera inmediata, incluso en causas en trámite, siempre que no se afecten actos procesales ya cumplidos. Este punto resultaba clave frente al planteo sindical, que sostenía que los cambios introducidos por la ley 27.802 no podían operar automáticamente.
El tribunal rechazó esa interpretación y afirmó que no existe un derecho adquirido a ser juzgado bajo un procedimiento determinado. Además, destacó que la ley impugnada incluye materias claramente federales, como disposiciones relacionadas con el Fondo de Asistencia Laboral, la participación del Estado Nacional y la determinación del fuero competente cuando el Estado es parte.
También advirtió que una eventual sentencia sobre la reforma podría impactar en trabajadores de organismos públicos nacionales alcanzados por regímenes laborales específicos, lo que refuerza la necesidad de que el caso sea tratado en el ámbito contencioso administrativo federal.
Para el Ejecutivo, la decisión reduce las posibilidades de que el litigio avance en un fuero considerado más favorable a los sindicatos y concentra la discusión en un ámbito donde habitualmente se tramitan causas contra el Estado. En cambio, para la CGT, el fallo implica un nuevo revés en su estrategia judicial, luego de que la reforma laboral se mantuviera vigente mientras se sustancia la apelación cautelar.
Con esta resolución, el expediente regresará al Juzgado Contencioso Administrativo Federal n.º 12, donde continuará una disputa judicial que sigue abierta, aunque hasta el momento acumula definiciones favorables para el Gobierno nacional.
