El Gobierno de Javier Milei anunció que, a partir de hoy, se abrió un registro para que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse y realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos. Esta decisión llegó tras el levantamiento de una cautelar judicial que frenaba la implementación de la medida.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía informó a través de un comunicado: “El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos funcionará en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y será público, gratuito y digital, a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Permitirá la inscripción de todos los talleres que acrediten capacidad técnica suficiente, incluyendo concesionarias e importadores”.

La decisión del Poder Ejecutivo busca descentralizar el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ampliar la oferta de servicios y permitir a los usuarios elegir dónde realizar la revisión técnica de sus vehículos. De esta forma, los talleres que se sumen al sistema podrán verificar vehículos particulares, comerciales, de pasajeros o carga, antiguos y especiales. Así, se agilizará el sistema y se eliminarán restricciones que, según el Gobierno, impedían la libre interacción entre la oferta y la demanda.

Desde la Secretaría de Transporte confirmaron a Infobae que la cautelar judicial, que frenaba la implementación del nuevo esquema, se levantó. Por ello, la Resolución N° 32/2026 se publicó en el Boletín Oficial, con la aprobación del titular del área, Mariano Plencovich.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya había adelantado la medida a través de su cuenta oficial de X: “A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV”.

Funcionamiento del nuevo sistema

Los cambios, incluidos en el Decreto 196/2025 que introdujo modificaciones en la Ley de Tránsito, buscan modernizar el sistema de RTO y crean el nuevo registro. Desde la administración libertaria detallaron: “A partir de ahora, cualquier taller, que cumpla con los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse para realizar revisiones técnicas vehiculares”.

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos operará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con carácter público, gratuito y digital. Las inspecciones podrán llevarse a cabo en cualquier taller inscripto en el registro nacional que cumpla los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

Las personas usuarias tendrán la posibilidad de elegir el taller de su preferencia, siempre que esté habilitado y registrado. Los establecimientos autorizados estarán facultados para revisar vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros y de carga, así como unidades antiguas o especiales.

La normativa mantiene todos los criterios técnicos y de seguridad vial vigentes. Los talleres deberán respetar los procedimientos de inspección, contar con un Director Técnico responsable y acreditar la capacidad técnica, el equipamiento necesario y las condiciones exigidas. La inscripción en el registro se realizará mediante declaración jurada.

Plazos para la revisión

En cuanto a los plazos, los vehículos particulares 0 km deberán pasar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento. Para aquellos de hasta diez años de antigüedad, la revisión será obligatoria cada veinticuatro meses, mientras que los que superen esa antigüedad deberán realizarla de forma anual. La primera revisión deberá realizarse dentro de los doce meses posteriores al patentamiento y luego renovarse cada doce meses.

Desde Casa Rosada aseguraron: “Los usuarios contarán con más opciones para realizar la revisión técnica, podrán elegir libremente dónde efectuarla y dispondrán de un sistema más ágil, accesible, transparente y previsible”.

El 10 de marzo, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, había informado la resolución del conflicto que impedía aplicar los cambios previstos por la nueva Ley Nacional de Tránsito en relación a la RTO, conocida hasta ahora como VTV.

La decisión se apoya en un nuevo tramo de la investigación impulsado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes detectaron un entramado adicional de irregularidades en el manejo de fondos públicos. Según la acusación, se habrían direccionado contrataciones por más de 75.000 millones de pesos vinculadas a la compra de insumos de alto costo del programa Incluir Salud, a través del sistema PACBI, en beneficio de un grupo reducido de empresas.

De acuerdo con los investigadores, dentro del expediente se incorporaron proveídos y actuaciones internas que darían cuenta de un esquema de simulación de competencia entre oferentes, con adjudicaciones previamente direccionadas. También se analiza la participación de actores externos al organismo que habrían intervenido en la toma de decisiones y en la ejecución de pagos.

Las indagatorias comenzarán a fines de abril y se extenderán durante mayo, en un proceso que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del organismo durante la gestión anterior. Spagnuolo fue convocado nuevamente junto a otros implicados en la causa, en una nómina que incluye funcionarios, empresarios y presuntos intermediarios señalados en el expediente.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas y evaluando documentación incorporada recientemente, mientras avanzan medidas como la inhibición general de bienes sobre los involucrados. El expediente sigue avanzando mientras las defensas de los imputados ya trabajan en las apelaciones contra los procesamientos dictados en etapas previas.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 resolvió este lunes suspender de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral. La medida surgió a partir de una acción que impulsó la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional.

Según consta en el fallo, la CGT, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, cuestionó la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos de la nueva ley laboral. La central obrera argumentó que los cambios introducidos afectan principios y derechos fundamentales que establecen la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por Argentina. Entre ellos, mencionó el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación y la tutela judicial efectiva.

La demanda de la CGT solicitó una declaración de inconstitucionalidad para artículos que modifican leyes históricas del trabajo en el país. Los puntos objetados incluyen la reducción del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, nuevas regulaciones para las plataformas tecnológicas, la limitación de responsabilidad solidaria de empleadores y cambios en estatutos de huelga y representatividad sindical.

Por su parte, el Estado Nacional, con la representación de la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro de la Nación, respondió al planteo y opuso una serie de cuestionamientos formales y sustanciales. Entre sus argumentos, figuraron la falta de legitimación activa de la CGT para representar a todos los trabajadores, la inexistencia de un “caso o controversia” concreto y la defensa de la presunción de legitimidad de la actividad legislativa. Además, señaló que la suspensión provisional de una ley afecta el interés público y la división de poderes.

Fallo judicial y fundamentos

El tribunal consideró que la acción cumple con los requisitos procesales necesarios para habilitar una “acción declarativa” y reconoció la legitimación colectiva de la CGT para representar los intereses involucrados. En su análisis, determinó que correspondía dictar una medida innovativa que mantenga el “status quo” con el fin de evitar eventuales daños irreparables hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

En relación al peligro en la demora para justificar la medida, el juez indicó que la posible aplicación de las normas atacadas podría causar “daños irreparables” a los derechos individuales y colectivos antes de que una sentencia definitiva determine su validez constitucional. El magistrado también destacó que la suspensión cautelar es de carácter provisional y no afecta el debate de fondo, y agregó que “la suspensión urgente de los efectos de las normas atacadas brindará mayor seguridad jurídica para todas las personas e instituciones involucradas”.

Aunque el Estado Nacional sostuvo que las reformas obedecen a una política pública para la inserción internacional, la atracción de inversiones y el fomento del empleo formal, el tribunal consideró que tales argumentos corresponden a debates políticos que exceden su jurisdicción. Por ello, concluyó que el análisis judicial debía centrarse en la compatibilidad constitucional de la nueva legislación.

Otro revés en San Martín

La semana pasada, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín también ordenó la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la misma ley en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios. Esa acción fue presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.

Dicha medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios que suscribió la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas hasta que exista una sentencia definitiva. El sindicato había argumentado que esas normas introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios y establecen límites a las cuotas solidarias.

uego de que el juez de la causa, en la que se la acusa de racismo, dispusiera que debe esperar el fallo final antes de su regreso a Argentina. La ex ministra de Seguridad culpó al ex presidente Alberto Fernández y a la diputada Marcela Pagano, de realizar "especulaciones" sobre el retorno de la joven y de condicionar su ayuda a "un agradecimiento político".

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"Acabo de hablar con la madrastra de Agostina. Están desesperados. La angustia es total. Lo que ayer parecía encaminarse, hoy se aleja. Su prioridad es una sola: su hija. Volver a tenerla en casa", confió la senadora en su cuenta de la red social X y agregó que la familia de Páez "no aceptó" realizar un "agradecimiento público" hacia Alberto Fernández y Marcela Pagano, quienes se pronunciaron públicamente en favor de la abogada.

Sobre la familia de Páez, señaló que "no están para especulaciones ni para juegos políticos" y acusó a Fernández y Pagano de haber "salido a atribuirse gestiones" en favor de la joven santiagueña. "Habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público. La familia no aceptó", denunció Bullrich.

En contraste, la ex ministra comparó la gestión del Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno: "Mientras algunos buscan protagonismo, el canciller Pablo Quirno y el consulado trabajan desde el primer día como corresponde: con responsabilidad, bajo las reglas de la diplomacia y enfocados en resultados".

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"Sin show, sin fotos. No se dejen engañar por operadores. Ya lo vimos: usan el dolor de una familia para hacer política. Acá hay una sola prioridad: Agostina en casa. Y en eso está trabajando este Gobierno", sostuvo Bullrich en una posible alusión a la liberación del gendarme Nahuel Gallo después de estar detenido de manera ilegal en Venezuela durante 448 días, operación en la que intervino el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

El cruce de Quirno con Pagano

El cruce entre el Gobierno con Marcela Pagano y Alberto Fernández empezó este martes cuando se conoció que la Justicia brasileña había hecho lugar al pedido de la defensa de Páez, quien en una primera instancia, había sido autorizada a continuar el proceso judicial desde Argentina.

Ante esa noticia, el ministro de Relaciones Exteriores compartió una publicación con recortes de medios de comunicación que se hacían eco de la resolución judicial. "Hechos, no palabras", publicó para acompañar la publicación.

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"La intervención diplomática no fue de 'último momento'. Estuvimos acompañando el caso desde el primer día y coordinamos en la acción que requería la defensa de Agostina. Que no se den a publicidad previa las gestiones diplomáticas realizadas, no es indicio que no se estaba trabajando en el caso desde el gobierno", sostuvo Quirno.

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En ese momento, intervino la ex libertaria Marcela Pagano quien calificó a Quirno como un "cara rota" y "sinvergüenza" "Abandonaste a esta compatriota y a su familia! Soy testigo una vez (sic) de cómo abandonan a los argentinos en el exterior porque me tocó otra vez intervenir", lanzó.

La legisladora fue la primera en señalar la importancia de la intervención del ex presidente en las gestiones que habían permitido el desenlace judicial. "Gracias una vez más a la diplomacia parlamentaria y sobre todo nobleza obliga, al expresidente Alberto Fernández que desde el día 1 se involucró en la gestión, sin foto, sin conocerla, sin arrogarse falsas victorias como haces vos!!! Esa es la única verdad", observó.

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"Agostina vuelve a Argentina! Fue clave la defensa de su última abogada Carla Junqueira, maravillosa letrada. Nos contactamos y me presenté en la causa como fiadora solidaria de esta joven abandonada por el Gobierno", amplió Pagano.

Después, insistió con el reconocimiento para el ex mandatario: "Sr. Alberto Fernández, gracias por dejar de lado cualquier diferencia ideológica y ayudar a la repatriación. Porque cuando de argentinidad se trata, hay quienes solo vemos una única bandera: la Argentina".

El giro en la causa

El juez que había avalado su regreso a la Argentina tras la audiencia clave de este martes, finalmente cambió de postura y ordenó que la abogada santiagueña permanezca en Río de Janeiro hasta que se dicte el fallo definitivo, lo que podría demorar entre 15 y 20 días.

La resolución generó sorpresa e indignación en su entorno, ya que tanto la Fiscalía como la querella habían coincidido en que Páez podía regresar al país tras cumplir con ciertas condiciones: el pago de una multa, la reparación a las víctimas y la realización de tareas comunitarias en Santiago del Estero. Sin embargo, el magistrado rechazó la revocación de las medidas cautelares y decidió mantenerla en Brasil.

La defensa reaccionó de inmediato. La abogada Carla Junqueira confirmó que presentará un hábeas corpus y que acelerarán la presentación de los alegatos finales para reducir los tiempos de espera. “Nunca vi una decisión en contra de lo que pide la propia acusación”,

El Gobierno nacional anunció que eliminará por completo el programa Volver al Trabajo a partir de abril, una decisión que dejará sin efecto una política que alcanzaba a 900.000 beneficiarios en todo el país. En Misiones, la medida impactará sobre unas 45.000 personas que actualmente perciben esta asistencia. El esquema, que había surgido como continuidad del Potenciar Trabajo, otorgaba una transferencia mensual cercana a los 78.000 pesos.

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, se informó este martes que quienes integran el programa recibirán el último pago el próximo 9 de abril. A partir de entonces, será reemplazado por un sistema de vouchers orientado a la capacitación laboral.

El nuevo modelo implica un cambio en el enfoque de la política social. Si bien la inscripción a los cursos será voluntaria, quienes opten por participar deberán cumplir con requisitos de asistencia obligatoria. Los beneficiarios podrán elegir entre distintas propuestas dentro de una red federal de formación aún en desarrollo, mientras que los contenidos serán diseñados y dictados por empresas y centros de capacitación. Además, el Estado transferirá los fondos de manera directa a las personas, sin intermediación de organizaciones sociales.

Los argumentos de Nación

De acuerdo con estimaciones oficiales, la medida permitirá un ahorro fiscal de hasta 60.000 millones de pesos mensuales. En este marco, el gobierno del presidente Javier Milei sostiene que el esquema anterior no logró mejorar de forma significativa la inserción en el empleo formal y que, en cambio, promovió mecanismos de intermediación.

El programa Volver al Trabajo estaba destinado a personas de entre 18 y 49 años, mientras que el componente de Asistencia Social abarcaba a mayores de 50 años hasta la edad jubilatoria.

El ministro de Desarrollo Social de Misiones, Fernando Meza, destacó que los beneficiarios pasaron por un estricto proceso de revalidación durante 2023 para continuar en el programa. “Misiones, incluso, fue una de las primeras provincias que puso a disposición la plataforma de validación en el formato presencial. De estas casi 45.000 personas, yo creo que tuvimos una discontinuidad de no más de 400 personas por algún tipo de incompatibilidad que no estaba permitido”, puntualizó.

Ahora, ante la decisión de Nación de dar de baja el programa, se abre un nuevo escenario para miles de misioneros que deberán reconfigurar su vínculo con las políticas de asistencia y capacitación laboral.

La histórica planta de baterías Moura (Acumuladores Morua S.A.) en Pilar, Buenos Aires, cerrará dos líneas de producción de baterías pesadas para camiones, que ahora serán importadas desde Brasil. La medida genera incertidumbre entre los trabajadores, alarma a los gremios y se interpreta como un síntoma de la crisis industrial que atraviesa el sector.

La decisión afecta directamente a unos 25 operarios, mientras que la planta mantiene cerca de 180 empleados entre operarios, administrativos y personal de logística. Varios trabajadores habrían aceptado retiros voluntarios, pero los sindicatos exigen garantizar la continuidad laboral de quienes quieran permanecer en la empresa.

El Sindicato Químico de Pilar, que representa a los empleados de la planta, advirtió que este ajuste podría ser apenas el comienzo de una reestructuración más amplia. Además, reclamó la apertura de mesas de diálogo con la empresa para proteger los puestos de trabajo y buscar reubicaciones internas.

Con la suspensión de la producción local de baterías pesadas, Moura apuesta por la importación como estrategia para abastecer el mercado argentino, en un contexto de costos y competitividad que afecta a la industria nacional.

Los gremios consideran que la medida evidencia un ajuste industrial que impacta en la producción local y los empleos, y buscan garantizar que cualquier cambio se realice con diálogo y condiciones claras para los trabajadores.

El secretario general del sindicato, Sergio González, indicó al medio Pilar a Diario que la decisión se enmarca en un contexto complejo para la industria. “Esto se da en el contexto de la reforma laboral. Encima, no hay con quién hablar en el Gobierno para tratar de buscar soluciones”, señaló con enojo y frustración, González.

Por otro lado, desde el gremio remarcaron que la empresa no manifestó intención de retirarse del país, aunque persiste la preocupación por la posible reducción de otras líneas de producción en el futuro.